Perú se prepara para implementar iniciativas de la OCDE para combatir evasión tributaria

Alrededor del mundo, algunas empresas multinacionales han empezado a crear estructuras para reducir o evitar el pago de impuestos mediante el traslado de beneficios a jurisdicciones de menor o nula imposición, aprovechando debilidades del actual sistema tributario internacional. Se estima que a nivel global se pierden anualmente entre 100 y 240 mil millones de dólares en recaudación por esta razón.

Frente a esta situación, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), organismo que reúne a las 34 economías más grandes del mundo, y el G-20 han emitido 15 planes de acción (Action Plans) con el fin de combatir lo que se ha denominado las BEPS (Base Erosion Profit Shifting).

Si bien el compromiso inicialmente alcanza a los países miembros de estos organismos, muchos otros también han manifestado su intención de adoptar dichos lineamientos. Esta reforma en materia tributaria internacional es considerada como la más importante que se ha dado en el mundo en el último siglo.

Actualmente, nuestro país no forma parte de la OCDE o el G-20, pero se estima que en el 2021 completaría el proceso para unirse al primer grupo en mención. El interés del Perú para aplicar los “action plans” no solo se centra en la protección de sus ingresos tributarios –aunque claramente no deja de ser una razón importante-, sino además porque estas grandes economías son nuestros principales mercados destino. Se espera que el próximo año y en lo que queda del 2015, el Perú ponga en marcha una serie cambios normativos orientados a alinearse con estas iniciativas.

Lineamientos de la OCDE y el G-20 para combatir las BEPS

Las iniciativas BEPS implican un cambio en los estándares de la tributación internacional necesario no solo para combatir la erosión de las bases imponibles, sino también para asegurar la sostenibilidad de los esquemas de tributación de las operaciones transfronterizas y la eliminación de la doble tributación. La implementación de estas medidas busca alinear la locación de las ganancias gravables con el lugar donde las actividades económicas crean valor y mejorar la información disponible para las autoridades tributarias.
Cuatro de las quince iniciativas están relacionadas con el control de los precios acordados en operaciones realizadas entre empresas de un mismo grupo económico; los denominados precios de transferencia, que aplican perfectamente al caso peruano:

1. Operaciones que involucren intangibles (Action 8): El objetivo central es que los beneficios de la explotación de los intangibles se atribuyan a la entidad que desarrolló los mismos, al margen de quien posea su titularidad legal.

2. Primacía del real comportamiento de las partes frente a acuerdos contractuales (Action 9): Los contratos no determinan por sí mismos los riesgos que asume cada parte en una operación (y por lo tanto los beneficios), sino fundamentalmente las acciones que realizan.

3. Comercialización de commodities y servicios intragrupo (Action 10): Se establecen metodologías específicas para determinar el valor de mercado de este tipo de operaciones para efectos del pago de impuestos, alejándose de la regla del uso del mejor método que primaba hasta la actualidad.

4. Información que los contribuyentes en el Perú y sus casas matrices deben brindar a la autoridad tributaria: Se establece que la casa matriz de toda empresa tiene que entregar a la autoridad tributaria de su país de origen una planilla de información sobre las operaciones en los otros países en los que opera y tiene presencia (ingresos por tipo de cliente, valor de activos, cantidad de trabajadores, utilidades, pago de impuestos, entre otros). Esta obligación será aplicable a aquellos grupos empresariales con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros.
Asimismo, se busca que el país donde reside la casa matriz comparta esta información con las autoridades tributarias de los todos los demás naciones donde opere la empresa. El objetivo de esta iniciativa es facilitar el trabajo de selección de casos de fiscalización para las autoridades tributarias.

Es importante mencionar que en el Perú son al menos 6,000 las empresas que deben cumplir con normas de precios de transferencia (De un total de 500 mil contribuyentes que tributan por rentas de tercera categoría). En cifras de la Autoridad Tributaria, estas 6,000 empresas generan alrededor de 240 mil millones de soles en ingresos, monto que equivale al 45% del PBI nacional. De los 240 mil millones de soles, 143 mil millones se generan por operaciones con el exterior. Resulta entonces claro el interés de las Autoridades de tener en observación a estas empresas para efectos de proteger la recaudación en el Perú, ya que probablemente entre estas 6 mil compañías se concentre el 70% de la recaudación del impuesto a la renta del país.

¿Qué deben hacer las empresas frente a los nuevos lineamientos de la OCDE y el G-20?
La recomendación general tiene que ver con la consistencia. Una empresa multinacional puede tener operaciones en 15 países y en cada uno tener un modelo de negocio particular, además de mecanismos distintos para cumplir con la legislación que aplica a sus operaciones. Dado que las operaciones estarán al alcance de autoridades tributarias de varios países, se necesita consistencia en las políticas tributarias y de precios de transferencias. Sin embargo, esto demandará lo mismo para las Autoridades Tributarias, pues de nada servirá que las empresas busquen consistencia en los países donde operan si es que las autoridades continúan trabajando de manera aislada.

Peru-OCDE-2016
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Ricardo-LeivaRicardo Leiva
Socio de Impuestos, EY

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Socio de la División de Tax Services de EY (antes Ernst & Young). Cuenta con 15 años de experiencia en tributación, ocho de los cuales dedicados a  la asesoría en precios de transferencia.  Ha sido funcionario de la Administración Tributaria en el Perú y docente del programa de Maestría en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima.


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