Las Malvinas: un caso para reflexionar

Las Malvinas: un caso para reflexionar

En atención a los lamentables acontecimientos que se produjeron recientemente en la Galería Nicolini, ubicada en la zona conocida como “Las Malvinas”, resulta oportuno recordar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, el rol del empleador en procurar un ambiente seguro de trabajo para su personal, así como adoptar las medidas necesarias que señala la legislación.

Las normas de seguridad y salud en el trabajo tienen como principal objetivo proteger la salud y vida de los trabajadores. A través de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley No. 29783, se establecen obligaciones a todos los empleadores, teniendo en cuenta que su regulación constituye un mínimo para la prevención de los riesgos laborales. Entre las principales obligaciones se encuentra la eliminación de los peligros y riesgos, o bien su eventual prevención, control o minimización; la entrega de equipos de protección adecuados; la elaboración de un mapa de riesgos que identifique las zonas de peligro en el centro de trabajo, entre otros. Se prevé también la obligación del empleador de comunicar al trabajador los riesgos propios del puesto que desarrollará.

En suma, vemos que todas estas obligaciones recaen en un asunto de elemental importancia: la promoción de un ambiente de trabajo seguro que permita a los trabajadores desempeñar sus funciones en condiciones que no atenten contra su salud o su vida.

Precisamente, en base a la trascendencia de esta materia, y de acuerdo al artículo 96° de la mencionada Ley, una de las facultades de los inspectores de trabajo es “Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, con el apoyo de la fuerza pública”.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud puede exponer al empleador a tener responsabilidad administrativa, civil y penal. En efecto, desde una perspectiva administrativa, el artículo 103° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que existe responsabilidad directa por parte de la entidad empleadora por el incumplimiento de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Asimismo, dentro del Reglamento de Inspecciones, aprobado mediante Decreto Supremo No. 019-2006-TR, se prevé un capítulo especial en materia de seguridad y salud, el cual tipifica sanciones leves, graves y muy graves en esta materia. Así, considera como una infracción muy grave el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud que produzca un accidente, sea un daño en el cuerpo o salud del trabajador, y/o la consecuente muerte del mismo. La sanción para empresas en el régimen laboral general oscilaría entre las 5 a 100 Unidades Impositivas Tributarias, dependiendo del número de trabajadores afectados.

Por otro lado, la inobservancia de las medidas de prevención podría suponer el pago de una indemnización civil a las víctimas o a sus derechohabientes, en la medida que el daño sea acreditado. Nótese que esta indemnización podría alcanzar a las empresas por el incumplimiento de medidas de seguridad por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores, siempre que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo, según el artículo 68° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros casos.

Finalmente, desde una perspectiva penal, el artículo 168-A del Código Penal prevé el delito de “atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, el cual establece una pena privativa de la libertad no menor a 1 ni mayor a 4 años, para “el que, deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, estando legalmente obligado, y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en éstas, y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado (…)”.

Ahora bien, aterrizando esta responsabilidad en el evento producido en la zona de “Las Malvinas”, habría que analizar si se configura también el tipo penal de “esclavitud y otras formas de explotación”, en caso se determine que los afectados en el incendio fueron obligados a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, debido especialmente a las restricciones que tenían para salir de los contenedores donde trabajaban. Dicha conducta podría ser sancionada con una pena privativa de la libertad no menor de 10 años ni mayor a 15, la cual corresponde al delito contenido en el artículo 153-C del Código Penal. Cabe señalar que, al haberse producido la muerte de las víctimas, la pena privativa podría ampliarse hasta un mínimo de 25 años y con un máximo de 30 años de pena privativa.

Como vemos, una labor inspectiva rigurosa en materia de seguridad y salud en el trabajo es muy importante, pues ello permitiría evitar circunstancias tan lamentables como la ocurrida en los días pasados. Evidentemente, ello también debería ir de la mano con un empleador vigilante de estos aspectos, que procure ofrecerles a sus trabajadores un ambiente seguro para sus labores, y donde el trabajo no implique poner en riesgo su vida o su integridad.

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Carlos CardenasCarlos Cárdenas
Socio del Área Laboral, EY

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Socio del Área Laboral de EY Perú. Cuenta con más de catorce años de experiencia en servicios de consultoría laboral, en temas vinculados a negociaciones colectivas, contratación de trabajadores, terminación del vínculo laboral, tributos y aportes que gravan a las remuneraciones, entre otros.


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