Pagos por disponibilidad en los proyectos cofinanciados

Pagos por Disponibilidad en los proyectos Cofinanciados

 

Los proyectos cofinanciados de Asociaciones Público-Privadas (APP) son generalmente proyectos de índole social que requieren de un subsidio del Estado para hacerlos económicamente viables, ya que no existe una demanda que permita su auto sostenibilidad económica. Este tipo de proyectos se dan principalmente en los sectores de agua, saneamiento, transporte y salud, bajo un mecanismo en que el Estado se compromete a realizar pagos al concesionario por brindar los servicios de construcción, operación y mantenimiento de la concesión.

Generalmente, la estructuración de los proyectos cofinanciados en los últimos tiempos ha considerado la emisión de Certificados de Avance de Obra (CAOs) que suponen un derecho de cobro una vez culminada la etapa de construcción. El concesionario obtenía CAOs en base a “Hitos Constructivos” de forma proporcional al porcentaje de obra ejecutada, los cuales podían ser utilizados como colateral o negociados para la obtención de financiamiento, permitiendo a los concesionarios requerir menores recursos financieros para la inversión en la obra.

En cuanto a la operación y mantenimiento (O&M), el concesionario recibía un pago que le permitía cubrir sus costos de O&M y la utilidad requerida. Cada vez que el concesionario recibía CAOs, obtenía implícitamente el derecho de cobro de las obras parciales realizadas, sin haber completado el total de la obra de infraestructura. En otras palabras, el concedente asumía compromisos de pagos futuros por una obra aún no concluida. Es por ello que emerge la discusión sobre la adecuada asignación del riesgo de construcción.

Dentro de ese contexto, el Gobierno se encuentra evaluando la conveniencia de establecer “Hitos Funcionales” o “Pagos por disponibilidad” como alternativas para un adecuado balance en la asignación de riesgos para el desarrollo de proyectos cofinanciados. Estas alternativas consistirían en vincular el pago a la prestación del servicio y/o disponibilidad de la infraestructura, es decir, a la “disponibilidad” del activo y por ende de los servicios del proyecto de APP. De esta manera, el riesgo de construcción lo asumiría en su totalidad el concesionario y se libera al concedente del mismo.

Desde el punto de vista del sector privado, indudablemente aumentaría el compromiso para la culminación y puesta en marcha de la infraestructura. Sin embargo, esto podría afectar la bancabilidad de los proyectos o, dependiendo de la espalda financiera del concesionario, ocasionar un incremento en los costos financieros, lo cual finalmente se trasladaría directamente a la retribución de la inversión exigida al Estado.

La puesta en marcha de una infraestructura depende de diversos factores que no dependen únicamente del accionar del concesionario. De este modo, los financistas podrían resultar reacios a invertir en los proyectos si identifican que el riesgo de expropiaciones, permisos y aprobaciones es elevado y genera incertidumbre en los plazos. Este escenario se vería aún peor si consideramos las restricciones de la banca local y mercado de capitales en cuanto a tamaño y liquidez.

Por tanto, de la mano con esta nueva reforma en la estructuración financiera de proyectos, se deberían implementar mecanismos para reducir la incertidumbre en los plazos de expropiaciones, permisos y aprobaciones, que no dependen del actuar del sector privado.
Por otro lado, se debe velar por evitar subjetividades en la definición de los “Hitos Funcionales” o “Pagos por disponibilidad” en los diversos contratos de concesión, considerando las diferencias técnicas y económicas entre los distintos proyectos o sectores.

Cabe indicar que los requisitos en la etapa de concurso, las garantías y penalidades establecidas en los contratos de concesión, también inciden en el buen desempeño del concesionario.

Si bien existen precedentes de proyectos desarrollados bajo el mecanismo de “Pagos por disponibilidad” en países desarrollados, deben considerarse las peculiaridades de nuestra economía para su aplicación. Finalmente, a medida que nuestra industria evoluciona constantemente, nuestro objetivo debe ser seguir aprendiendo y perfeccionando nuestros enfoques basados en la experiencia, las condiciones del mercado, y las necesidades individuales de cada proyecto que permitan balancear adecuadamente los riesgos asumidos, sus mitigantes, los costos derivados, y las retribuciones exigidas.

(*) Colaboró en este artículo Ariadna Calmet, Asistente de Transacciones y Finanzas Corporativas de EY Perú.

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Pedro-arizmendiPedro Arizmendi
Socio Líder de Infraestructura, EY

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Responsable del área de Infraestructura en EY Perú. Con más de 30 años de experiencia profesional en EY en diferentes líneas de servicio, (Auditoría, Asesoría y Corporate Finance). Cuenta con experiencia en el sector de Infraestructuras y Finanzas, incluyendo diseño de Planes de Negocio, Modelos de Gestión, Proyectos de Modelización, Estrategia Financiera y Evaluación de Proyectos.


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