Beneficiario final: lo que hay que saber

Beneficiario Final- lo que hay que saber

A partir de este año todas las empresas tendrán la obligación de informar a la SUNAT quiénes son sus “beneficiarios finales”, entendidos éstos como las personas naturales que, directa o indirectamente, son dueñas de las empresas.

Pero no solo las empresas ni sus beneficiarios finales son los comprometidos con este nuevo deber tributario ya que podría caber responsabilidad solidaria en el pago de las obligaciones tributarias para los representantes legales de las empresas, en caso no se cumpla con esta obligación.

En qué consiste

Con miras a que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y siguiendo la tendencia mundial de transparencia en el ámbito tributario, la SUNAT está exigiendo cada vez más información sobre las empresas. Ahora les ha tocado el turno a los beneficiarios finales de las mismas.

En efecto, las empresas tendrán que presentar una declaración jurada informativa ante la SUNAT. A la fecha, no se ha publicado la resolución de superintendencia que establezca los plazos, cronogramas y vencimientos pata cumplir con esta declaración, aunque se espera que ello se produzca en los próximos meses.

Ahora bien, esta obligación dista mucho de consistir únicamente en la presentación de la referida declaración jurada. Por el contrario, adicionalmente las empresas deberán implementar un procedimiento interno de debida diligencia para obtener, conservar y actualizar la información sobre la identificación del beneficiario final.

Por ejemplo, las compañías tendrán que actualizar la información de estas personas naturales cada vez que se realiza un cambio significativo en el accionariado; verificar que la información recibida de los beneficiarios finales esté conforme con los datos públicos que se manejan (por ejemplo, en Registros Públicos o Reniec); almacenar adecuadamente esta información por un lapso de cinco años; entre muchos otros.

¿Quién es considerado beneficiario final?

Se entiende como tales a todas las personas naturales que tienen más del 10% de participación en las empresas, ya sea de forma directa o indirecta; en este último caso, a través de otras personas jurídicas (entidades holding, offshore, etc.) o naturales (cónyuge, hijos, entre otros). En caso no sea posible identificar a los propietarios de las empresas, se entenderá como beneficiario final a los sujetos que tengan el poder de decisión a nivel de los órganos de la sociedad (gerencia y directorio).

Por último, en caso tampoco se cuente con información acerca de qué personas naturales cuenten con dicho poder de decisión, se considerará como beneficiario final al gerente general y a los miembros del directorio. Lo anterior resulta cuestionable porque es claro que la propiedad y la gestión de un negocio no necesariamente corresponden a los mismos sujetos, aunque la razón de haberse optado por este criterio residual radicaría en generar incentivos en los directivos de mayor jerarquía para involucrarse en la debida identificación de los verdaderos beneficiarios finales.

Infracciones y sanciones

Las sanciones por no cumplir con cada una de estas obligaciones son significativas. Por ejemplo, no presentar la declaración jurada sobre cada uno de los beneficiarios finales genera una multa de hasta 50 UIT, lo que suma alrededor de S/210,000. Presentarla de forma incompleta implica una multa de hasta 25 UIT (S/105,000). No tener la información almacenada por cinco años es sancionado también con una multa de hasta 25 UIT

Recomendaciones

Es aconsejable que las empresas empiecen desde ya a determinar los procedimientos internos que requieran para la identificación de sus beneficiarios finales, sobre todo, en el caso de grupos económicos multinacionales que podrían tener estructuras societarias muy complejas, en donde buena parte de la información del accionariado es de carácter reservada.

Asimismo, sugerimos contar con un comité tributario a la interna de cada empresa que haga un monitoreo constante sobre todas las obligaciones referentes al beneficiario final, para así evitar la atribución de responsabilidad solidaria a los representantes legales así como la imposición de multas a la empresa.

 

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Manuel-RiveraManuel Rivera
Socio de Consultoría Tributaria, EY

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Socio de Consultoría Tributaria de EY Perú. Posee más de 13 años de experiencia en consultoría tributaria y planificación fiscal a empresas locales e internacionales. Encargado en el área de consultoría tributaria de EY de la atención de clientes de los sectores de infraestructura, construcción y telecomunicaciones. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Máster (LLM) en Tributación Internacional por New York University (NYU). Profesor en la Facultad de Derecho de la PUCP.