Beneficiario final: lo que hay que saber

Beneficiario Final- lo que hay que saber

Este año todas las empresas ‒incluso aquellas no reguladas por la SBS ni la SMV‒ tendrán la obligación de informar a la Sunat sobre todas las personas naturales que tienen más del 10% de participación en su accionariado, de forma directa o indirecta. Estas personas son consideradas como beneficiarios finales para efectos fiscales; y esta obligación es conocida como la del beneficiario final.

Pero no solo las empresas ni sus beneficiarios finales son los comprometidos con este nuevo deber tributario. También existe responsabilidad solidaria para los gerentes generales y directores de las compañías.

En qué consiste

Con miras a que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y siguiendo la tendencia mundial de transparencia en el ámbito tributario, la Sunat está exigiendo cada vez más información sobre las empresas. Ahora le ha tocado el turno a los beneficiarios finales de las compañías. Se entiende como tales a todos las personas naturales que tienen más del 10% de participación de las empresas o poder de decisión en ellas (esto último se verificará a través de la cantidad de número de votos que maneja en la toma de decisiones). Se debe considerar que ese 10% puede ser obtenido tanto de forma individual o conjunta (cónyuge, hijos, padres).

Lo destacable de esta nueva obligación es que se trata de la persona natural, por lo que es previsible que empresas con accionariado integrado por holdings, empresas u otros vehículos de inversión en el extranjero, tengan mayor complejidad para detectar a la persona natural que se beneficia en última instancia con la rentabilidad de la compañía.

Lo que se busca

El objetivo de la Sunat es que exista siempre un responsable de las obligaciones tributarias de la empresa, para evitar así, por ejemplo, que ante una liquidación de la firma, las deudas tributarias no sean cumplidas.

Esta es la razón por la que la responsabilidad tributaria no solo recae sobre el beneficiario final, sino en los gestores de la empresa o los funcionarios de mayor jerarquía; es decir, el gerente general y los directores. Ellos deberán responder con sus propios patrimonios.

Es claro que estas personas no son dueñas de las compañías, por lo que asignarles responsabilidad solidaria no parece coherente. Sin embargo, esta designación debe entenderse como un desincentivo para el incumplimiento de la obligación principal, que es identificar al beneficiario final real.

Obligaciones

Si bien identificar al o los beneficiarios finales de la empresa es la obligación principal, no es la única. Las compañías también tendrán que actualizar la información de estas personas naturales; verificar que dicha información esté conforme con los datos públicos que se manejan (por ejemplo, en Registros Públicos o Reniec); y almacenar esa información por un lapso de cinco años.

Las sanciones por no cumplir con cada una de estas obligaciones son significativas. Por ejemplo, no presentar la declaración jurada sobre cada uno de los beneficiarios finales genera una multa de 50 UIT, lo que suma alrededor de S/210,000. Presentarla de forma incompleta implica una multa de 25 UIT (S/105,000). No tener la información almacenada por cinco años es sancionado también con 25 UIT.

Como ya se dijo, además de las multas, está la responsabilidad solidaria que recae en los representantes legales de las empresas en caso no se identifique al beneficiario final.

Recomendaciones

Aún la Sunat no ha publicado el cronograma de vencimientos sobre el beneficiario final. Sin embargo, sabemos que durante el 2019 las empresas deberán presentar esta información. Es claro que para las compañías con accionariado directo, la tarea es mucho más sencilla. Bastará con verificar y actualizar la información en el Libro de Matrícula de Acciones.

No obstante, para el resto de compañías se trata de una labor más compleja. Por eso recomendamos iniciar desde ya la recopilación y verificación de información sobre el beneficiario final. Hay que tener en cuenta que en algunas firmas podría implicar manejar información de hasta nueve personas, en caso cada una tenga una participación de 10.5%, por ejemplo.

Para todas las empresas, sugerimos contar con un comité de riesgos que haga un monitoreo constante sobre todas las obligaciones referentes al beneficiario final, para así evitar multas y otras sanciones.

 

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Manuel-RiveraManuel Rivera
Socio de Asesoría Tributaria, EY

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Socio de Asesoría Tributaria de EY Perú. Posee más de 13 años de experiencia en consultoría tributaria y planificación fiscal a empresas locales e internacionales. Encargado en el área de consultoría tributaria de EY de la atención de clientes de los sectores de infraestructura, construcción y telecomunicaciones. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Máster (LLM) en Tributación Internacional por New York University (NYU). Profesor en la Facultad de Derecho de la PUCP.