Licencia social: ¿La comunicación puede mitigar un conflicto minero?

Licencia social: ¿La comunicación puede mitigar un conflicto minero?

La minería es uno de los sectores con mayor importancia y crecimiento en el Perú. Pese al potencial minero de nuestro país, aun existen factores que tienen un impacto negativo como, por ejemplo, los conflictos sociales que involucran directamente a las comunidades y a su relación con los proyectos de inversión en curso

Según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en el 2018 y por segundo año consecutivo, las inversiones mineras mostraron una tendencia positiva al sumar un total de US$ 4,947 millones, un incremento de 26% con relación al 2017.

En dicho momento, la cifra generó una tendencia de positivismo en el sector minero, sin embargo, este año el panorama cambió ligeramente, no solo por factores sociales sino también políticos.

Casos como los incidentes en Apurímac y Arequipa demuestran que una mala comunicación con las comunidades desencadena un conflicto social.

Durante la reciente edición del PERUMIN, una de las preocupaciones más resaltantes del sector fue la cantidad de conflictos sociales entre  poblaciones y empresas mineras con distintas operaciones en Perú. Asimismo, cómo estos conflictos podrían afectar y paralizar un proyecto de diversas maneras, no solo desde una perspectiva económica.

Generar el diálogo fluido con las comunidades es clave para el desarrollo de un proyecto minero. Desde un inicio se debe entender que la raíz general del descontento de las comunidades no es el afán de generar rechazo hacia las empresas, ni tampoco paralizar las inversiones.

Por lo general, el inicio de los conflictos mineros sucede por el sentimiento de inseguridad de las comunidades locales con respecto a los alcances e impactos de las operaciones de una compañía. Por esta razón, la aceptación al proyecto por parte de las comunidades y los grupos de interés como organizaciones sociales, sindicatos, empresas, asociaciones de profesionales, ONG, entre otros, es clave para su desarrollo.

Impacto del diálogo

Siempre se debe tener presente que los proyectos mineros tienen impacto significativo en las localidades aledañas. Por ello, se recomienda que se debe recorrer el camino de la comunicación antes, durante y después del proyecto, ocupando así un rol fundamental.

Son precisamente los momentos de diálogo con la comunidad cuando se utiliza el término “licencia social”, y aunque no es un término definido como tal, es importante conocer su concepto y de qué manera se encuentra regulada en el Estado peruano.

Este término como un instrumento que permite a las comunidades generar un conjunto de percepciones respecto a la seguridad, sostenibilidad e impacto a largo plazo que tienen las operaciones de las empresas que realizan actividades extractivas.

Uno de los ejes principales de este tipo de licencia, es que se relaciona con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que requiere una correcta comunicación a las comunidades. En esta parte del proceso, la situación se vuelve compleja, ya que suele ser crítica por el conocimiento técnico que involucra la realización del estudio, siendo en muchos casos muy complicado transmitir sus resultados a las poblaciones locales.

Una comunicación efectiva, clara y sobre todo veraz, marcará la relación entre la empresa y la comunidad aledaña desde un inicio. Es importante ser escuchados, pero sobre todo aprender a escuchar las necesidades e intereses de una comunidad, las cuales deben ser respetadas y tomadas en cuenta a fin de generar una relación sostenible a corto, mediano y largo plazo.

Por otro lado, tampoco debemos olvidar que el Perú se encuentra en una zona privilegiada para la inversión minera, sin embargo, queda en manos de las diferentes políticas públicas establecidas por el Estado que tanto las propuestas de parte de las empresas y la negociación con las comunidades generen un exitoso proyecto de inversión.

La regulación de la licencia social en el Perú se incluye principalmente por el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Ley Nro. 29785, en la que define lo siguiente:

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

Sin embargo, pese a esta normativa ¿por qué los conflictos sociales se intensificaron este año? ¿Cuál será el impacto económico de los proyectos en pausa producto de una mala comunicación? ¿Quién es el responsable directo de las paralizaciones?

Las interrogantes no dejan de surgir y se vuelve necesario que los actores involucrados dentro del desarrollo de proyectos de inversión tomen cartas en el asunto para que, junto a las comunidades, generen diálogos por el bien de sus intereses y necesidades.

Mayor cooperación

El estudio “Los 10 principales riesgos de la industria minera”, realizado por EY a nivel mundial, señala que el principal reto para que los proyectos mineros tengan éxito es la obtención de dicho permiso o licencia social.

Según el mismo informe, el sector está trabajando para redefinir su imagen como una fuente sostenible y responsable de minerales. Sin embargo, mientras en la industria muchos comunican lo correcto, sus acciones no son consecuentes y no han logrado convencer a sus stakeholders o grupos de interés.

Esta tendencia no solo se vive en Perú, pues a nivel global la preocupación es la misma debido a que las exigencias sociales ya no solo se mantienen en las comunidades aledañas, ni a los grupos de interés. En general, la sociedad tiene que observar el valor compartido de los proyectos mineros, incluso después de ejecutados.

Un gran error de las empresas es subestimar el poder de los stakeholders, pues, actualmente, cada actor es importante y desde su lugar generan corrientes de presión social que cada día crecen más.

Desde la aparición del concepto de licencia social en 1997, este ha evolucionado de tal manera que hoy en día engloba un conjunto de relaciones dinámicas y continuas entre una empresa y los grupos de interés que coexisten en un determinado espacio geográfico.

Un gran beneficio de contar con la licencia social es permitir la cooperación de la comunidad a lo largo de todas las etapas del proyecto de inversión. Esto incluye que le brinde a la empresa una menor resistencia a futuras ampliaciones del proyecto que expandan la zona de influencia. Siempre y cuando las cosas se realicen en mutuo acuerdo.

Asimismo, evita los sobrecostos derivados de conflictos sociales. En términos generales, la licencia social le permite a la empresa un mejor cumplimiento de sus metas y proyecciones en el largo plazo.

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Katherine-VillanuevaKatherine Villanueva
Socia de Auditoría, EY 

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Socia de Auditoría en EY Perú. Posee más de 15 años de experiencia en auditoría financiera y asesoría empresarial con especialización en la industria minera. Tiene amplia experiencia en la preparación de información de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y U.S. GAAP así como en la revisión de los informes financieros de control interno en relación con la Ley Sarbanes Oxley 404 (SOX). Contadora Público Colegiada y Licenciada en Administración y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tiene un Máster en Auditoría en la Universidad del Pacífico (UP) y un Multinational MBA en Adolfo Ibañez School of Management.